Congreso está a punto de financiar las medidas migratorias de Trump por el resto de su mandato

WASHINGTON (AP) — Los republicanos de la Cámara de Representantes intentarán sacar adelante el martes casi 70,000 millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias, una cantidad suficiente para financiar a dos agencias de Seguridad Nacional durante los próximos tres años y el resto del mandato del presidente Donald Trump.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, necesitará una asistencia casi perfecta y unidad de su lado para culminar semanas de acciones en torno al proyecto de ley. La legislación se desvió cuando los republicanos buscaron incluir 1.000 millones de dólares para reforzar la seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, incluso para el nuevo salón de baile de Trump, y luego cuando el gobierno de Trump intentó crear un fondo de casi 1,800 millones de dólares para compensar a sus aliados que afirman haber sido procesados injustamente. Esas propuestas resultaron políticamente tóxicas y fueron descartadas.

Ahora, el proyecto se centra por completo en la aplicación de las leyes migratorias, un tema que los republicanos han tratado como un asunto definitorio entre los dos principales partidos políticos y que esperan que los lleve a la victoria en las elecciones de mitad de mandato de este año. El proyecto de ley asigna 38,000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 26,000 millones a la Patrulla Fronteriza y otros 5,000 millones para cubrir costos imprevistos, impulsando la agenda de deportaciones de Trump.

“Ya era hora”, manifestó Johnson, republicano por Luisiana, sobre la iniciativa. “Tenemos que financiar la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, y es triste que los republicanos tengamos que hacerlo por nuestra cuenta”.

El financiamiento acelera la agenda de deportaciones de Trump

El financiamiento se suma a los casi 140,000 millones de dólares que el Congreso controlado ya otorgó el año pasado a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump.

Los demócratas objetaron dar más dinero a las agencias sin cambios significativos en la forma en que operan tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis. Por ejemplo, los demócratas insistieron en que se exigiera a los agentes mostrar sus placas de identificación durante las operaciones de control y que obtuvieran una orden judicial antes de entrar en propiedad privada. En cambio, el financiamiento llegará prácticamente sin condiciones.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, prometió que su partido se opondrá al paquete.

“Creemos que los dólares de los contribuyentes deberían usarse para aliviar el costo de vida al pueblo estadounidense, no para darle a ICE otro cheque en blanco de 70,000 millones de dólares para que pueda desatar brutalidad contra ciudadanos estadounidenses y atacar violentamente a comunidades de inmigrantes respetuosas de la ley”, declaró Jeffries, de Nueva York.

Seguridad Nacional enfrentó el cierre más largo de su historia

El paquete es el resultado de un enfrentamiento de meses en el Congreso después de que los demócratas se negaran a financiar el Departamento de Seguridad Nacional tras las redadas migratorias en Minneapolis y otras ciudades estadounidenses, lo que llevó al cierre más prolongado en la historia de la agencia.

Se habían llevado a cabo negociaciones con la Casa Blanca para modificar las operaciones del ICE, como exigían los demócratas. Cuando esas negociaciones fracasaron, los republicanos recurrieron a una maniobra procedimental complicada para sortear el filibusterismo y aprobar el financiamiento migratorio sin votos demócratas.

Si se aprueba, el paquete pasaría luego a Trump para su firma, lo que prácticamente garantizaría un flujo de fondos ininterrumpido para su agenda de control migratorio y deportaciones hasta 2029.

El Senado concluyó su trabajo sobre la legislación la semana pasada durante una sesión que se extendió hasta las primeras horas de la mañana del viernes. La votación final fue de 52-47, casi por líneas partidistas: la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, fue la única republicana que se opuso.

El dinero llega en un momento crucial para la agenda migratoria

El dinero llegará en un momento crucial para el Departamento de Seguridad Nacional, que está bajo nuevo liderazgo después de que Trump reemplazara a Kristi Noem por el nuevo secretario Markwayne Mullin en marzo.

Aunque Mullin ha prometido mantener al departamento fuera de los titulares, el gobierno enfrenta presión de defensores de una línea dura contra la inmigración para cumplir la promesa de campaña de Trump de la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Hasta ahora, el gobierno no ha alcanzado su meta de 1 millón de deportaciones al año, pero el “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, ha prometido que habrá más, e incluso insinuó acciones en Nueva York, la ciudad más grande del país, de marcada tendencia demócrata.

Al mismo tiempo, el gobierno está dificultando que incluso los inmigrantes legales permanezcan en Estados Unidos, tratando de cancelar el Estatus de Protección Temporal, cambiar los procesos para obtener la residencia permanente (green card) y dejar a algunos “dreamers” —jóvenes que fueron llevados ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños— reportando demoras para renovar su estatus.

Votación ajustada por delante

Del lado de la Cámara, Johnson tiene muy poco margen de error. Los republicanos pueden permitirse perder solo un par de votos si todos los legisladores están presentes. La dirigencia republicana optó por evitar tropiezos y envió a los legisladores a casa la semana pasada en lugar de abordar el proyecto temprano el viernes, una vez que el Senado había terminado su sesión nocturna.

El plan es apenas un paquete reducido, sin los cientos de páginas de detalles y directrices que normalmente provienen del Congreso cuando proporciona financiamiento a las agencias.

De cara a la votación, los demócratas retrataron al Departamento de Seguridad Nacional como una agencia que ha usado sus nuevos recursos para comprar avionetas privadas para su dirigencia, hacinar a inmigrantes en condiciones deplorables y atacar a ciudadanos estadounidenses.

“Darles ahora otros 70,000 millones de dólares a estas agencias forajidas, cuando todavía tienen 100,000 millones en el banco del año pasado, nos implicaría a todos en la corrupción creciente y en las acciones vergonzosas de este departamento”, sostuvo el representante Jamie Raskin, de Maryland, el principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara.

Los republicanos respondieron que estaban cumpliendo con su deber de salvaguardar a la nación y apoyar a los hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley.

“Los demócratas pueden decir lo que quieran, pero esto se trata de seguridad pública. Se trata de proteger a los estadounidenses”, afirmó la representante Michelle Fischbach, republicana por Minnesota.